Jurisprudencia sobre el Derecho a ser oido.

Derecho a ser oido. Corte Interamericana. Caso Apitz Barbera y otros / Venezuela

4. Derecho a ser oído

 

68. La Comisión indicó que la SPA decidió que los magistrados de la Corte Primera incurrieron en error judicial inexcusable, “sin que éstos pudieran presentar previamente [ante dicha Sala] los argumentos que justificaban la razonabilidad de la decisión tomada”.

 

69. El representante concordó con la Comisión y añadió que la SPA “no les permitió acompañar la jurisprudencia reciente, de [dicha Sala], en la que se sustentaba [la] decisión [de la Corte Primera cuyo avocamiento era decidido]”. Alegó, además, que los jueces de la Corte Primera “no eran partes” en dicho proceso de avocamiento.

 

70. El Estado señaló que "al conocer alguna de las Salas competentes del [TSJ], en avocamiento, un fallo dictado por alguna instancia inferior, no se plantea un juicio subjetivo que prejuzga sobre aspectos disciplinarios de los jueces” sino “uno objetivo que interrumpe el normal desenvolvimiento de la causa examinada por esas instancias".

 

71. En el proceso ante la SPA que resolvió la solicitud de avocamiento (supra párrs. 32 y 33) intervinieron la Registradora Subalterna del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado Miranda, en calidad de solicitante del avocamiento, y el apoderado judicial de la persona que había interpuesto el recurso de amparo resuelto por la Corte Primera80. Los magistrados de la Corte Primera no intervinieron en este proceso.

 

72. De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención, el derecho a ser oído exige que toda persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones.

 

73. Al respecto, la Corte destaca que en el proceso de avocamiento no se determina derecho u obligación alguna de los jueces que dictaron la resolución sujeta a revisión81. De otra parte, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, la declaración de un error judicial inexcusable puede ocurrir no sólo en un proceso de avocamiento, sino también en toda instancia recursiva o de apelación ante cualquier órgano con competencia de revisión82. En este sentido, la división de tareas propia del ejercicio de la función judicial implica que las instancias revisoras sólo deban atender a la pretensión recursiva de la parte disconforme con la resolución originaria. En consecuencia, la determinación de la corrección o incorrección jurídica del fallo recurrido no afectó derecho alguno de los jueces originarios y no los trasformó per se en partes de la controversia suscitada ante la SPA. Por ello, la Corte declara que el Estado no violó el derecho de las víctimas a ser oídas en dicho proceso.

 

74. Con respecto a los recursos interpuestos, el representante alegó que “las víctimas en este caso nunca fueron escuchadas en audiencia, ni privada ni pública”. En este sentido señaló que "[t]al posibilidad no se encuentra prevista ni en el trámite del recurso de amparo autónomo […] ni en el del recurso jerárquico" y que "[l]a única posibilidad de haber sido oídos en audiencia [sería] a través del recurso de nulidad [aunque] sometido a la autorización discrecional de la Sala". El Estado y la Comisión no expusieron argumentos sobre este punto.

 

75. Al respecto, la Corte considera que del artículo 8.1 de la Convención no se desprende que el derecho a ser oído debe necesariamente ejercerse de manera oral en todo procedimiento. Lo anterior no obstaría para que la Corte considere que la oralidad es una de las “debidas garantías” que el Estado debe ofrecer a los justiciables en cierto tipo de procesos. Sin embargo, el representante no ha presentado argumentos que justifiquen por qué es necesaria la oralidad, como garantía del debido proceso, en el procedimiento disciplinario ante la CFRSJ o en las distintas instancias recursivas.

 

76. Por estas consideraciones, la Corte declara que el Estado no violó el derecho de las víctimas a ser oídas en el trámite de los recursos mencionados.

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Una respuesta a Jurisprudencia sobre el Derecho a ser oido.

  1. Seminario sobre Derechos Humanos y Divin dijo:

    Esta Jurisprudencia fue agregada por Maria Alejandra.

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