Comunicarse libre y privadamente con su defensor. Jurisprudencia agregada por Mariano.

El derecho del inculpado de comunicarse libre y privadamente con su defensor (artículo 8.2.d de la Convención Americana)

     Esta garantía judicial (según criterio reiterado de la Corte Interamericana este artículo es aplicable a instancias administrativa) es vital para el inculpado en un doble sentido: 1) el procesado puede ser asesorado por la defensa técnica en lo relacionado a: los actos procesales; consecuencias jurídicas de su declaración dentro del proceso; solicitud de diligencias pertinentes al caso concreto, entre otros; y 2) le permite al inculpado conjuntamente con su defensor construir en esos espacios de tiempo y comunicación libre y privada, elaborar las estrategias que constituirá los alegatos de la defensa.     

     En los casos donde la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre la violación del “derecho del inculpado de comunicación libre y privadamente con su defensor”, podremos observar como se utilizan expresiones tales como: impedir la comunicación, no tuvo la posibilidad de comunicarse o fue escasa (restricción de tiempo), obstáculos para entrevistarse o dificultades en las condiciones materiales de comunicación, para hacer referencia a la violación de dicho derecho. A continuación veremos 3 casos en los cuales la Corte consideró que existió dicha violación:

     1) Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú: En el presente caso los peticionarios alegaron lo siguiente: 

 “88.27) En el proceso tramitado en el fuero militar contra la señora Lori Berenson se obstaculizó el acceso de la defensa al expediente. El defensor sólo contó con dos horas para estudiarlo y preparar alegatos(83); no se le permitió entrevistarse libremente y en privado con su defendida(84); se le concedieron sólo unos minutos para la defensa oral”. (Cursiva y subrayado nuestro).

       Curiosamente, se puede observar (los casos analizados en lo sucesivo no son la excepción) que en los casos donde el Estados es acusado por violaciones a las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los mismos en sus alegatos ante la Corte no desvirtúan de manera específica y clara (aportando pruebas documentales, testimoniales, entre otros) los supuesto denunciado, limitándose tan solo a mencionar de manera genérica que “se les respetaron todas la garantías judiciales a los procesados”, lo que implica que la Corte toma una decisión básicamente en base a los alegatos y pruebas aportados por los peticionarios.

     En el caso de la ciudadana Lori Berenson Mejía la Corte se pronunció de la siguiente manera:

  “167. La restricción a la labor de la defensa de la presunta víctima y la escasa posibilidad de presentar pruebas de descargo durante el proceso seguido en el fuero militar han quedado demostradas en este caso (supra párr. 88.27). Efectivamente, la presunta víctima no tuvo conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le hacían; se obstaculizó la comunicación libre y privada entre la señora Lori Berenson y su defensor… y el abogado de la presunta víctima sólo tuvo acceso al expediente el día anterior a la emisión de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de la defensa fueron meramente formales. No se puede sostener que la presunta víctima contara con una defensa adecuada(253)”. (Cursiva y subrayado nuestro)

          2) Caso Cantoral Benavides vs. Perú: En este caso podemos observar cuales fueron los alegatos de la Comisión para considerar que se violó el derecho a la comunicación libre y privada con el defensor

  “123. En cuanto a la violación del artículo 8.2 literales c), d) y f) de la Convención, la Comisión alegó que: a) el Estado peruano violó el artículo 8.2.c) de la Convención Americana, mencionando para fundamentar dicha aseveración, “inter alia, la escasa comunicación entre Luis Alberto [Cantoral Benavides] y sus defensores… Además se refirió a las dificultades que tuvieron los abogados para acceder al expediente; a las condiciones materiales de comunicación entre el inculpado y sus abogados y al hecho de que los magistrados encargados del proceso militar estaban vestidos con uniforme de campaña, armados y con pasamontañas “con el afán de intimidar al abogado interviniente [, el cual] era llevado a las instalaciones militares vendado”. (Cursiva y subrayado nuestro)

       3) Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú: Los alegatos de los peticionarios en el presente caso fueron los siguientes:

  “…los abogados defensores sólo pudieron entrevistarse con sus defendidos una vez que se produjo la declaración instructiva, en presencia de militares que ‘rastrillaban‘ sus armas y que podían oír cuanto conversaban con ellos…las situaciones descritas demuestran la inexistencia de garantías mínimas de defensa, convirtiéndola “en una simple espectadora del proceso”. (Cursiva y subrayado nuestro)

       En virtud de los señalamientos antes mencionados, la Corte se pronunció de la siguiente manera:

  “141. La Corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado demostradas en este caso… las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz desempeño… En consecuencia, la presencia y actuación de los defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas contaron con una defensa adecuada. (Cursiva y subrayado nuestro)

  “148. Sin embargo, en casos en que, como en el presente, ha quedado demostrado que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse privadamente con sus defendidos, la Corte ha declarado que hay violación del artículo 8.2.d de la Convención. (Cursiva y subrayado nuestro)

      Por otra parte, pasaremos a dar un ejemplo jurisprudencial donde la Corte Interamericana decidió que no hubo violación de la garantía in comento.

       4) Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia: En el presente caso la Corte Interamericana realizó el siguiente pronunciamiento:

  “63.     En cambio, habiendo quedado establecida la responsabilidad de Colombia por la captura de carácter ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad personal y del derecho a la vida de las personas mencionadas, garantizados por los artículos 7 y 4 de la Convención”.

  “64.     Dado el corto tiempo transcurrido entre la captura de las personas a que se refiere este caso y su presunta muerte, la Corte considera que no ha habido lugar a la aplicación de las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención y que, en consecuencia, no existe la violación de ese artículo”.

       Para someter a la consideración de los lectores, a continuación se les coloca el enlace electrónico donde pueden ser localizadas las jurisprudencias analizadas en el presente trabajo:

   1) Caso: Lori Berenson Mejía vs. Perú: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_119_esp.pdf

   2) Caso Cantoral Benavides vs. Perú: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf

   3) Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf

   4) Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_22_esp.pdf

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