Articulo 8.3 de la Convencion Americana

Jurisprudencia sobre violaciones al artículo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregada  por:  Inés María Vergara Rivera. 

El artículo 8.3 del mismo tratado establece una disposición que se complementa con la anterior: "La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza."

Esta disposición constituye una prohibición a las autoridades estatales para ejercer presión alguna, directa o indirecta, física o psicológica, sobre una persona, a fin de hacerle confesar su culpabilidad por la comisión de un delito, siendo inaceptable su sometimiento a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes para alcanzar ese objetivo.

Ambas disposiciones deben ser interpretadas como una prohibición a las autoridades del estado para ejercer influencia, directa o indirecta, bien sea física o psicológica, sobre un individuo, a fin de hacerle confesar su culpabilidad o participación en la comisión de un delito, siendo insostenible su sometimiento a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes para alcanzar ese objetivo.

La Corte ha tenido la oportunidad de pronunciarse en carias ocasiones respecto a este derecho:

 Caso: Cantoral Benavides vs. Perú

Fecha 18/08/2000Con fecha 6 de febrero de 1993, don Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido, sin una orden judicial expedida por una autoridad competente, por agentes de la DINCOTE, resaltándose que el mismo no tenía antecedentes penales. Al momento de llevarse a cabo la detención, se encontraba vigente en el Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, un estado de emergencia y suspensión de las garantías contempladas en los incisos 7, 9, 10 y 20 g) del artículo 2 de la Constitución peruana, que regía en ese momento. El señor Cantoral Benavides estuvo detenido administrativamente desde el 6 de febrero de 1993 en la DINCOTE, lugar donde fue mantenido incomunicado durante 8 ó 9 días; y sólo 15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado. Durante su detención fue objeto, por parte de efectivos policiales y miembros del la Marina, de actos de violencia con el fin de obtener su autoinculpación.Fundamentos

En cuanto a la violación del artículo 8.2.g) y 8.3 de la Convención, la Comisión alegó que:

Luis Alberto Cantoral Benavides fue coaccionado a declarar contra sí mismo y, de esa manera, obligado a autoinculparse y a aceptar los cargos que se le imputaban;

En los procesos tramitados en el Perú contra Luis Alberto Cantoral Benavides se emplearon como prueba parcial declaraciones de la víctima que fueron obtenidas bajo coacción; y

La detención por un período de tiempo mayor al autorizado por la ley, al igual que el interrogatorio en horas o lugares inusuales, constituyen también formas de coacción.

Por su parte, el Estado alegó que:

la Constitución peruana de 1979 en el artículo 233 establecía como garantía jurisdiccional el debido proceso, el cual fue respetado; y

La legalidad de todas las intervenciones policiales y judiciales estuvieron "cercanamente cauteladas por la participación del Ministerio publico

La Corte concluye, en consecuencia, que el al estar sometido Luis Alberto Cantoral Benavides a torturas para doblegar su resistencia psíquica y obligarlo a auto inculparse o a confesar determinadas conductas delictivas, el Estado peruano violó, en perjuicio del señor Luis Alberto Cantoral Benavides, los artículos 8.2.g) y 8.3 de la Convención Americana.

Sentencia:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf
 

Caso: Maritza Urrutia vs. Guatemala

Fecha 27/11/2003El 23 de julio de 1992 Maritza Urrutia fue secuestrada, encapuchada y trasladada a las instalaciones del centro de detención clandestino del Ejército de Guatemala. En ese lugar permaneció en cautiverio durante ocho días. Durante los días que estuvo detenida, Maritza Urrutia permaneció encerrada en un cuarto, esposada a una cama, encapuchada y con la luz de la habitación encendida y la radio siempre prendida a todo volumen. Fue sometida a largos y continuos interrogatorios referentes a su vinculación y la de su ex esposo con el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Durante los interrogatorios fue amenazada de ser torturada físicamente y de matarla a ella o a miembros de su familia si no colaboraba. Repetidas veces se le advirtió que nunca volvería a ver a su hijo. Le mostraron algunas cartas que había escrito al padre de su hijo, fotografías de éste, de su madre y otros miembros de su familia, su casa y su carro, así como otras fotografías de combatientes guerrilleros que habían sido torturados y muertos en combate, manifestándole que en esas mismas condiciones sería encontrada por su familia. Además, durante su secuestro, sus captores la obligaron a hacer llamadas telefónicas a su familia y a mentirle sobre la situación en que se encontraba .

Maritza Urrutia fue forzada a prestar una declaración filmada donde se refirió a su participación, la de su ex esposo y la de su hermano en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP); justificó su desaparición como una manera de abandonar esa organización. Para filmar la declaración, Maritza Urrutia utilizó la ropa y el maquillaje que le fueron proporcionados y siguió un guión previamente redactado por sus secuestradores, y el mensaje fue transmitido por dos noticieros

Además, cuando la víctima fue liberada, de acuerdo a las instrucciones de sus captores, se acercó a firmar un acta en la que se acogía a la amnistía. Establece que ninguna autoridad le pregunto sobre la legalidad de la detención.Fundamentos

En cuanto respecta a las garantías contempladas en los artículos 8.2 y 8.3 de la Convención Americana, observa el Tribunal que si bien parecen contraerse al amparo de personas sometidas a un proceso judicial (artículo 8.2) o inculpadas en el marco del mismo (artículo 8.3), a juicio de la Corte también se tienen que respetar en procedimientos o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales que, de no someterse a tales garantías, pueden tener un impacto desfavorable no justificado sobre la situación jurídica de la persona de que se trata.

Lo anterior conduce a considerar que en la especie se han violado los mencionados artículos 8.2 y 8.3 de la Convención, por cuanto la víctima fue obligada a autoinculparse en el marco de actuaciones capaces de acarrearle eventuales consecuencias procesales desfavorablesVOTO CONCURRENTE RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCIA RAMIREZ A LA SENTENCIA DEL CASO MARITZA URRUTIA

  Es particularmente relevante, en mi opinión, el tratamiento de las mencionadas declaraciones de la víctima, obtenidas bajo intensa presión y transmitidas al público a través de la televisión. En esas declaraciones, Maritza Urrutia aceptaba hechos que le causaban perjuicio y manifestaba puntos de vista que no correspondían a los que efectivamente sustentaba, entre otras cosas. La Corte Interamericana entiende que esto entraña una violación a diversos párrafos o incisos del artículo 8 de la Convención Americana, en la medida en que el inculpado tiene derecho "a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable" (artículo 8.2.g) y "la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza" (artículo 8.3)

Sentencia:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_103_esp.pdf

  

Caso: Tibi vs. Ecuador

Fecha 07/09/2004Con fecha 27 de septiembre de 1995, el señor Daniel Tibi, de nacionalidad francesa, fue detenido en la ciudad de Quito, por agentes de INTERPOL, sin orden judicial y con una sola prueba que consistía en la declaración de un coacusado, quien lo sindicó como proveedor de clorhidrato de cocaína. Al momento de su detención no se le comunicaron los cargos en su contra, tampoco se le permitió comunicarse con su familia y le fueron incautadas sus pertenencias, las mismas que no le fueron devueltas al obtener su libertad. Al día siguiente de su detención fue expedida una orden judicial de detención, asimismo rindió su declaración frente a un fiscal sin contar con la presencia de juez ni de abogado defensor. No fue llevado de manera inmediata ante el Juez de la causa ni interrogado por éste, además de estar sin defensa un mes, pese a que se le designó abogado de oficio, al cual no tuvo oportunidad de conocer durante su detención preventiva, ocurrida desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998, estuvo sometido a condiciones de hacinamiento e insalubridad y fue sometido a torturas con el fin de obtener su autoinculpación

Interpuso dos recursos de amparo judicial, el primero fue rechazado y, no hubo respuesta al segundo. Con motivo del sobreseimiento provisional del proceso del que era parte, fue liberado. Como consecuencia de estos hechos se separó de su familia.Fundamentos

En lo concerniente al derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, se constata que el hecho de haber sido objeto de tortura tuvo por finalidad doblegar su voluntad psíquica y obligarlo a auto inculparse, lo cual no es compatible con la Convención

Sentencia:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf

 Caso: Gutiérrez Soler vs. Colombia

Fecha: 12/09/2005

Hechos

El 24 de agosto de 1994 el Señor Wilson Gutiérrez Soler fue detenido y conducido al sótano de las instalaciones de la UNASE (Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional) por dos funcionarios de dicha institución. Una vez allí, fue sometido a torturas, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves. Posteriormente, fue inducido bajo coacción a rendir declaración sobre los hechos motivo de la detención, sin contar con la presencia de su representante legal ni con la de un defensor público al rendir tal declaración y sin que el Estado hiciera esfuerzo alguno por contactar un abogado .
Las torturas causaron al señor Gutiérrez Soler perturbaciones psíquicas permanentes. Por otro lado, ninguna persona fue sancionada por la detención arbitraria del señor Wilson Gutiérrez Soler y las torturas infligidas a éste, pese a que se instauró un proceso penal contra los supuestos victimarios el mismo que culminó con el archivo de los actuados

 Fundamentos

Allanamiento del EstadoEl Estado, con fecha 31 de agosto de 2004, se desistió de la totalidad de las excepciones preliminares interpuestas en la contestación de la demanda y reconoció los hechos y su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 5.1, 5.2 y 5.4; 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2.d, 8.2.e, 8.2.g y 8.3 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Puntos Resolutivos

Se decide admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, y se confirma la violación de los derechos a la integridad personal (tanto del señor Wilson Gutierrez Soler como de sus familiares), a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Sentencia:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_132_esp.pdf

  

Jurisprudencia sobre el articulo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los cuales no se presento violación del derecho

Caso: Castillo Petruzzi y otros vs. Perú

Fecha: 30/05/1999Durante el operativo denominado El Alacrán, realizado por la DINCOTE (ente encargado de prevenir, denunciar y combatir las actividades de traición a la patria) los días 14 y 15 de octubre de 1993, fueron detenidos los ciudadanos chilenos: Lantauro Mellado Saavedra, Alejandro Astorga Valdez, María Concepción Pinchera Sénz y Jaime Francisco Castillo Petruzzi. En dicha época rigió en el Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao un estado de emergencia y de suspensión de las garantías referidas a la inviolabilidad de domicilio, derecho de tránsito, derecho de reunión y detención y puesta a disposición de la orden de un juez. Debe resaltarse que durante la fase de investigación policial los inculpados detenidos no tenían derecho a contar con defensa legal sino hasta cuando rindieran su declaración sobre los hechos. En este caso en dicha oportunidad se les nombró un defensor de oficio.

El 18 de octubre de 1993 se comunicó a la Fiscalía Militar Especial-FAP, la detención de los ciudadanos chilenos. Cabe recalcar que la calificación legal del ilícito supuestamente cometido por los detenidos fue efectuada por la DINCOTE y sirvió de base para atribuir competencia a la jurisdicción militar. Por ello fueron procesados por el delito de traición a la patria en el fuero militar, por jueces sin rostroArgumento de la Comisión:

Durante la diligencia de declaración instructiva se requirió a las supuestas víctimas que declarasen la verdad, no obstante que "el imputado tiene que declarar libremente [y] no puede estar sujeto ni siquiera a la presión de decirle ‘diga la verdad’", pues no es un testigo y puede ampararse en el derecho a no declarar en su contra. "Si el derecho lo es a no declarar, en general, no puede existir obligación a declarar de una manera determinada. El derecho al silencio no es sino una manifestación del estado de inocencia".Argumento del Estado:

El desarrollo del proceso ha sido conforme con los requerimientos del debido proceso legal Fundamentos

La Corte consideró probado que durante la declaración instructiva ante el Juez Instructor Militar Especial se exhortó a los inculpados a decir la verdad. Sin embargo, no hay constancia de que esa exhortación implicara la amenaza de pena u otra consecuencia jurídica adversa para el caso de que el exhortado faltara a la verdad. Tampoco hay prueba de que se hubiera requerido a los inculpados a rendir juramento o formular promesa de decir la verdad, lo cual contraría el principio de libertad de aquéllas para declarar o abstenerse de hacerlo. Por lo expuesto la Corte considera que no fue probado en el presente proceso que el Estado violó el presente artículo.

Sentencia:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf

 

INFORME Nº 61/06CASO 12.447. Caso: DERRICK TRACEY, JAMAICA. 20 de julio de 2006

El 3 de agosto de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la "Comisión") recibió una petición del Sr. Derrick Tracey (el "peticionario") contra el Gobierno de Jamaica (el "Estado" o "Jamaica").  En la petición se indica que el 14 de abril de 2000, la Corte de Circuito de St. Ann, en Jamaica, había declarado al Sr. Tracey culpable de asalto a mano armada con agravantes y posesión ilegal de un arma de fuego, habiéndosele impuesto ulteriormente dos penas de 15 años de privación de libertad.

A.      Posición del peticionario

El peticionario sostiene que el Estado es responsable de violar su derecho a un juicio justo conforme al artículo 8 de la Convención Americana debido a la demora en el proceso y porque no le fueron concedidas las debidas garantías en el curso de las actuaciones penales seguidas en su contra.   Afirma, además, que fue coaccionado mediante maltrato policial, que le causó hemorragia en la cabeza y oídos, para que confesara su culpabilidad,  sin la presencia de un Juez de Paz o un abogado, pese a lo cual el tribunal de instrucción admitió como prueba esa confesión. A este respecto, el Sr.Tracey afirma que, pese a su pedido, los oficiales que lo arrestaron no comparecieron en juicio, a pesar de que podían haber sido determinantes en su caso, y que, por el contrario, sólo el Superintendente declaró en el juicio en relación con su confesión.  En base a estos argumentos, el peticionario sostiene que se le negó el derecho al debido proceso y a un juicio imparcial en el proceso que se le instruyó. 

B.       Posición del Estado

En cuanto al argumento del peticionario de que se usó una confesión forzada, el Estado afirma que este aspecto fue abordado en el juicio durante el interrogatorio inicial y en las repreguntas de un funcionario policial que presenció la declaración recogida del peticionario bajo custodia.  De acuerdo con el Estado, el juez de primera instancia llegó a las conclusiones siguientes, respecto de la declaración del Sr. Tracey:

 

El ex Superintendente Asistente Vassell Bullock atestiguó que el 12 de julio de 1998, es decir, un mes después de esto, el acusado brindó una declaración y él estaba presente; él presenció la declaración; no hubo amenazas, ni golpes ni promesas.  También atestiguó que había buscaba los servicios de un Juez de Paz, para que estuviera presente, pero no encontró ninguno, como ya se lo había dicho el agente James, que participó en la toma de la declaración, que había tratado de hallar un Juez de Paz, pero sin éxito. Esta cuestión del Juez de Paz, no es absolutamente necesario que esté presente un Juez de Paz, sino que habitualmente esto lo hace la policía.  Acepto la prueba del Sr. Bullock y concluyo que a la altura en que el acusado brindó su declaración, no fue objeto de golpes, ni amenazas, ni promesas.  Compruebo, como un hecho, que esta declaración fue vertida voluntariamente por el acusado.

 

El Estado afirma, por tanto, que, en base a las pruebas presentadas en el juicio por el peticionario y los testigos, el juez de primera instancia concluyó que la declaración bajo custodia había sido vertida voluntariamente y que la acusación había, pues, satisfecho la carga de la prueba.   

      

IV.      ANÁLISIS

La Comisión reconoce, como lo afirma el Estado, que la cuestión del carácter voluntario de la declaración del peticionario fue planteada al juez de primera instancia y que este concluyó, como cuestión de hecho, que dicha declaración había sido voluntaria. Esta conclusión se basó en el testimonio del ex Superintendente Asistente Vassell Bullock, quien afirmó haber estado presente cuando se interrogó al peticionario.  En decisiones anteriores respecto de cuestiones de esta naturaleza, la Comisión ha observado que, en general, compete a las instancias de apelación de los Estados partes, y no a la Comisión, revisar la manera en que se conduce el juicio, a menos que resulte claro que la conducta del juez es arbitraria o equivale a una denegación de justicia, o que el juez haya violado manifiestamente su obligación de imparcialidad.

 

Informe

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Jamaica12447sp.htm 

INFORME Nº 41/04CASO 12.417. FONDO. Caso: WHITLEY MYRIE, JAMAICA.  12 de octubre de 2004.

  El 22 de octubre de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la "Comisión") recibió una petición de Ashurst, Morris, Crisp, un estudio jurídico de Londres, Reino Unido ("los peticionarios") contra el Gobierno de Jamaica (el "Estado" o "Jamaica").  La petición fue presentada en nombre del Sr. Whitley Myrie, condenado a cadena perpetua en la prisión de Distrito de St. Catherine, Jamaica.  En la petición se afirma que el 2 de octubre de 1991 el Sr. Myrie fue condenado por homicidio punible con pena capital por el Tribunal de Circuito de St. James, Kingston, Jamaica y sentenciado a muerte, y que la Corte de Apelaciones de Jamaica posteriormente clasificó el homicidio como no punible con pena capital y redujo la sentencia a cadena perpetua, con un mínimo sin libertad condicional de 15 años. 

    A.      Posición de los peticionariosLos peticionarios sostienen también que el Estado es responsable, por varios conceptos, de violaciones del derecho del Sr. Myrie a gozar de un juicio justo conforme al artículo 8 de la Convención, En primer lugar porque fue condenado sobre la base de pruebas impropiamente obtenidas, en contravención del artículo 8(1) de la Convención, ya que fue obligado bajo amenazas a firmar una confesión, que luego fue usada en el juicio.  Se afirma que en su declaración Sr. Myrie admitió haber golpeado al Sr. Grubb con un machete, pero dijo haberlo hecho en legítima defensa.  Según el Sr. Myrie, su declaración le fue tomada en las siguientes circunstancias:

El 24 de agosto de 1990 fui llevado a la Dirección de Investigaciones, en 9 Sewell Avenue, Montego Bay, en que fui interrogado por el Detective Inspector John Morris, quien me preguntó si sabía leer o escribir.  Le dije que no sabía leer pero sí escribir mi nombre.  Durante el interrogatorio, el agente policial Francis Morris permaneció detrás de mí, aplicando un arma de fuego o un palo a mi espalda.  Yo estaba tan atemorizado que no pude volverme.  Fui obligado a firmar una declaración que se usó como prueba en mi juicio.

           B.       Posición del Estado Como ya se señaló, en su comunicación fechada el 25 de julio de 2003, la Comisión solicitó al Estado que presentara las observaciones adicionales que deseara sobre los méritos de la petición de los peticionarios, dentro de un plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 38(1) del Reglamento de la Comisión.  Ésta, a la fecha del presente informe no ha recibido ninguna observación del Estado.

        

  IV.      ANÁLISIS  Al evaluar las aseveraciones de los peticionarios referentes a la admisibilidad de la declaración del Sr. Myrie, la Comisión debe tener en cuenta su enfoque, expuesto en casos anteriores, de que en general corresponde a los tribunales de apelaciones de los Estados partes, y no a la Comisión, examinar la manera en que se ha conducido un juicio, a menos que resulte claro que la conducta del juez fue arbitraria o representa denegación de justicia, o que el juez violó manifiestamente su obligación de actuar imparcialmente.

     Con respecto a las alegaciones referentes a la declaración del Sr. Myrie, la Comisión observa que  de autos surge que dicho juez tomó declaración al Sr. Myrie y al oficial de Policía que había recibido la declaración, Inspector John Morris, y tras considerar el asunto, aceptó la prueba proporcionada por el Inspector Morris, y concluyó que el Sr. Myrie había efectuado la declaración voluntariamente. De autos no surge que la decisión adoptada por el juez de instrucción a este respecto fuera arbitraria o por otro motivo constituyera denegación de justicia, por lo cual la Comisión no encuentra fundamento para llegar a una decisión diferente de la del juez de instrucción en cuanto a la admisibilidad de la declaración del Sr. Myrie, ya que dicho juez tuvo la posibilidad de considerar toda la prueba pertinente.  En consecuencia la Comisión no concluye que se haya violado el artículo 8 de la Convención en relación con el uso de la declaración del Sr. Myrie en el juicio.

Informe

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Jamaica.12417.htm

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