Artículos 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención Americana agregados por Freddy Reyes

CASO FERMIN RAMIREZ CONTRA GUATEMALA

54.6 El 18 de diciembre de 1997 el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Escuintla, dictó auto de apertura a juicio y admitió la acusación formulada por el Ministerio Público contra el señor Fermín Ramírez por el delito de violación calificada.

54.7 El 5 y 6 de marzo de 1998 se llevó a cabo el debate oral y público en contra del señor Fermín Ramírez ante el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.

54.9 En la tarde del 5 de marzo de 1998, al reabrir el debate oral y luego de haber escuchado la declaración del señor Fermín Ramírez y cinco peritajes, incluido el emitido por el doctor de León Barrera (supra párr. 54.8), el Tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de un cambio en la calificación jurídica del delito, sin especificar la nueva calificación, en los siguientes términos:

De acuerdo [con] lo establecido en el artículo trescientos setenta y cuatro y trescientos ochenta y ocho del código procesal penal, el Tribunal advierte a las partes que en el momento oportuno se le puede dar una calificación jurídica distinta de la contemplada en la acusación y el auto de apertura a juicio.

54.10 El artículo 333 del Código Procesal Penal dice:

Acusación alternativa. El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta.

54.11 El artículo 373 del Código Procesal Penal prevé:

Ampliación de la acusación. Durante el debate, el Ministerio Público podrá ampliar la acusación, por inclusión de un nuevo hecho o una nueva circunstancia que no hubiera sido mencionado en la acusación o en el auto de apertura del juicio y que modificare la calificación legal o la pena del mismo hecho objeto del debate, o integrare la continuación delictiva.

En tal caso, con relación a los hechos o circunstancias atribuidos en la ampliación, el Presidente [del Tribunal] procederá a recibir nueva declaración al acusado e informará a las partes que tienen derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o para preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa.

Los hechos o circunstancias sobre los cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación.

54.12 El artículo 374 del Código Procesal Penal establece que:

Advertencia de oficio y suspensión del debate. El Presidente del Tribunal advertirá a las partes sobre la modificación posible de la calificación jurídica, quienes podrán ejercer el derecho consignado en el artículo anterior.

54.13 Luego de realizar dicha advertencia (supra párr. 54.9) el Presidente del Tribunal no dispuso de oficio "recibir una nueva declaración" del señor Fermín Ramírez ni informó a las partes que tenían "derecho a pedir la suspensión del debate", según lo establecido en el artículo 373 del Código Procesal Penal. La defensa tampoco solicitó la suspensión del debate. En consecuencia, éste continuó.

54.14 En su alegato de conclusión del debate oral, el Ministerio Público concluyó que el señor Fermín Ramírez era responsable del delito de asesinato, que el hecho se realizó con "ensañamiento" y "con impulso brutal" y solicitó la imposición de la pena de muerte. Al respecto, indicó que:……."

 54.16 En su alegato de conclusión del debate oral, la defensa no se refirió expresamente a la solicitud elevada por el Ministerio Público sobre el cambio de calificación jurídica del delito. Al respecto manifestó: "cómo es posible [que al señor Fermín Ramírez] se le acuse de un hecho tan grave, en este caso [el] defendido expuso que él no había cometido ese hecho." Asimismo, sostuvo que la detención del señor Fermín Ramírez fue ilegal, que ningún testigo declaró que le constara que él hubiera cometido el hecho y que, existiendo más de una duda razonable, solicitaba que se dictara sentencia absolutoria.

 

El Tribunal concluyó por unanimidad y "con certeza jurídica" que:

I) […] el procesado FERMIN RAMÍREZ SIN OTRO APELLIDO Y/O FERMÍN RAMÍREZ ORDÓÑEZ es autor responsable del delito de ASESINATO Y NO DE VIOLACIÓN CALIFICADA, como inicialmente formalizó la acusación el Ministerio Público, ya que la prueba producida en el debate, especialmente el informe médico legal referente a la necropsia practicada al cadáver de la menor [de edad] GRINDI YASMIN FRANCO TORRES en el cual se establece que la causa de la muerte de dicha menor se debió a asfixia por estrangulamiento, informe que fue ratificado por el Doctor DOUGLAS ERICK DE LEON BARRERA, Médico Forense Departamental en la propia audiencia del debate y no como consecuencia de la violación de la menor [de edad] y pudo haber ocurrido que después de fallecida la víctima [el señor Fermín Ramírez] tuvo acceso carnal con el cadáver, convirtiéndose en una NECROFILIA..

Finalmente, en cuanto a la determinación de la pena, decidió que por el "hecho ilícito [de asesinato], le impone [al señor Fermín Ramírez] la PENA DE MUERTE".

 

Alegatos del Estado:

Respecto de la violación del artículo 8 de la Convención Americana

en el desarrollo del debate de 5 de marzo de 1998 el tribunal de sentencia advirtió a las partes, con base en el artículo 374 del Código Procesal Penal, que en el momento oportuno se podría dar a los hechos una calificación jurídica distinta de la contemplada en la acusación y en el auto de apertura a juicio;

el artículo 373 del Código Procesal Penal establece el derecho de las partes a solicitar la suspensión del debate, para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando el tribunal de sentencia advirtió a las partes sobre el posible cambio de la calificación jurídica del hecho, garantizó el derecho de defensa del imputado; sin embargo, éste no fue ejercido en el momento procesal oportuno;

no existió violación al artículo 8 de la Convención, pues al inicio del debate se dio lectura íntegra a la acusación y al auto de apertura;

si el señor Fermín Ramírez no fue oído sobre otros hechos, se debió a que la defensa no ejerció el derecho procesal de pedir la suspensión del debate;

no fueron incluidos hechos o medios de prueba nuevos. La advertencia hecha por el Tribunal no se debía a la incorporación de éstos, sino fue realizada después de que el perito declaró que la causa de la muerte de la menor había sido asfixia por estrangulamiento;

en la sentencia, el tribunal no dio por acreditado el hecho de que después de fallecida la menor el señor Fermín Ramírez tuviera acceso carnal con el cadáver, y por ello no existió incorporación de nuevos hechos al proceso penal;

en cuanto al cambio de la calificación jurídica del hecho, el Tribunal de Sentencia actuó al amparo del artículo 388 del Código Procesal Penal, que le otorga la facultad de dar al hecho una calificación distinta de la contenida en la acusación o en la apertura a juicio. Para adoptar su decisión, el Tribunal debe valorar conforme a la sana crítica todos los medios de prueba producidos en el debate;

el tribunal estableció, conforme a la prueba producida, que la causa de la muerte de la menor encuadraba en el delito de asesinato. Es irrelevante si la violación sexual fue cometida antes, durante o después de haber dado muerte a la menor. Lo importante para la tipificación del delito cometido es la determinación de las causas que originaron la muerte;

de los hechos presentados en la acusación y establecidos a través de las pruebas producidas en el debate se presupone la peligrosidad que reveló el señor Fermín Ramírez en la comisión del delito. El tribunal de sentencia consideró que el señor Fermín Ramírez incurrió en seis de las ocho agravantes que permiten calificar el delito como asesinato; y

Respecto de la violación del artículo 25 de la Convención Americana

durante el proceso se respetó el derecho a la protección judicial. El señor Fermín Ramírez tuvo acceso a los recursos que contempla la legislación interna. No se vulneró el derecho a ejercerlos.

IV. Puntos Resolutivos

 

138. Por tanto, LA CORTE DECLARA, por unanimidad, que:

 1. El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos 62, 63, 65, 66 a 68, 70 a 76 y 78 a 80 de esta Sentencia.

 2. El Estado no violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones expuestas en los párrafos 82 y 83 de esta Sentencia.

 3. El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma, en los términos de los párrafos 81 y 90 a 98 de esta Sentencia.

 4. El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a solicitar un indulto o conmutación de la pena consagrado en el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 105 a 110 de esta Sentencia.

5. El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos 117 a 119 de esta Sentencia.

 6. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

 

Y DECIDE:

 por unanimidad, que:

 7. El Estado debe llevar a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado. En caso de que se le impute la comisión del delito de asesinato, cuya tipificación estaba en vigor al momento de los hechos que se le imputaron, deberá aplicarse la legislación penal vigente entonces con exclusión de la referencia a la peligrosidad, en los términos del punto resolutivo siguiente.

 8. El Estado debe abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del agente, y modificar dicha disposición dentro de un plazo razonable, adecuándola a la Convención Americana, conforme a lo estipulado en su artículo 2, de manera que se garantice el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 del mismo instrumento internacional. Se debe suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en ese precepto.

 9. El Estado debe abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez, cualquiera que sea el resultado del juicio al que se refiere el Punto Resolutivo séptimo.

10. El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo; en estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados.

 11. El Estado debe proveer al señor Fermín Ramírez, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia y por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamentos.

 12. El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos.

 13. El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 131 a 137 de esta Sentencia.

14. Las obligaciones del Estado en el marco de las medidas provisionales ordenadas quedan reemplazadas por las que se ordenan en esta Sentencia, una vez que el Estado asegure el cumplimiento de los Puntos Resolutivos 7, 8 y 9 de la presente Sentencia.

 15. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para la ejecución de la misma.

El Juez Sergio García Ramírez y el Juez ad hoc Arturo Herrador Sandoval hicieron conocer a la Corte sus Votos Razonados, los cuales acompañan a la presente Sentencia. Sergio García Ramírez, Presidente. Alirio Abreu Burelli Oliver Jackman, Antônio A. Cançado Trindade,  Cecilia Medina Quiroga

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