Jurisprudencia sobre el articulo 8. parr. 2. inc. F agregado por MAURA GONZALEZ-RUBIO

JURISPRUDENCIAS SOBRE LA VIOLACION DEL ARTICULO 8. PARR .2. INC. F DE LA CONVENCION AMERICANA, agregado por la

ABOG. MAURA GONZALEZ-RUBIO *** MARACAIBO, FEBRERO 2009.

Articulo 8. GARANTIAS JUDICIALES.

2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

f.- derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el proceso "es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia". Para la Corte el artículo 8 de la Convención consagra lineamientos generales del denominado debido proceso legal o derecho a la defensa procesal.

Para la Corte Interamericana, el termino Garantías Judiciales debe ser entendido como los mecanismos o recursos judiciales que permitan proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio del derecho.

En este sentido, podemos decir que la Corte señala que el articulo 8 de la Convención contiene "el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos".

En referencia al articulo 8.2 la Corte Interamericana, señala la expresión garantías mínimas, para la Corte el concepto de debido proceso en casos penales incluye por lo menos esas garantías mínimas, esta presume que en circunstancias especificas, otras garantías adicionales pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso.( LIMA: COMISION ANDINA DE JURISTAS, por LUIS ALBERTO HUERTA GUERRERO, paginas 129-161, 2001).

 Respecto a esta garantía en particular del debido proceso (8. Párr.2. inc.f) la CORTE ha tenido oportunidad de pronunciarse en pocas ocasiones. Los casos que se presentaran ha continuación si bien se violan un conjunto de derechos y garantías judiciales que pueden ser analizados en forma separada, acá existen casos o situaciones en las cuales los actos cometidos por el Estado afectan en conjunto diversas disposiciones del articulo 8 de la Convención.

PRIMER CASO: CASTILLO PETRUZZI Y OTROS VS PERU. 30 de mayo de 1999.

RESUMEN:

Violación en contra de los ciudadanos JAIME FRANCISCO SEBASTIAN, CASTILLO PETRIZZI y OTROS, ciudadanos chilenos, procesados en el Estado Peruano por un tribunal sin rostro pertenecientes a la justicia militar y condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la patria.

151. Argumentos de la Comisión: Dado lo dispuesto por el articulo 13 del Decreto-Ley No. 24.575, la "aparición y contrainterrogacion de agentes, tanto de la policía como de ejercito, que hayan participado en los interrogatorios de forma tal que la posibilidad de contradecir la evidencia se hace sumamente difícil". "Las declaraciones testifícales (fueron tomadas) sin la presencia de los imputados o sus defensores y, por consiguiente, sin control de parte".

152.Argumentos del Estado: El desarrollo del proceso fue conforme con los requerimientos del debido proceso legal.

153. LA CORTE considera que la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron la acusación contra la supuestas victimas. Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía como del ejercito, que hayan participado en las diligencias de investigación. Por otra parte, la falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el imputado, hace que aquel no pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. En conclusión las normas internas aplicadas en el proceso penal imposibilitaron el interrogatorio de los testigos que fundamentaron la acusación penal, ya que se prohibió el interrogatorio de agentes, tanto de la policía, como el ejercito, que participaron en las diligencias de investigación y además, la falta de intervención del Abogado Defensor hasta el momento en que uno de los inculpados hizo su declaración, impidió que aquel pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. Por lo tanto, la Corte declaro que en este caso se había producido una violación del articulo 8, Párr. 2, Inc. f de la Convención.

154. Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados esta la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa.

155. La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las victimas vulnera el derecho, reconocido por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos.

 *El Estado Peruano debe reparar plenamente a las victimas por el grave daño material y moral sufrido por ellos, se le ordena decretar su inmediata libertad y que los indemnice en forma adecuada.

 SEGUNDO CASO: CANTORAL BENEVIDES VS PERU. 18 DE AGOSTO DEL 2000.

RESUMEN:

Violaciones producidas en perjuicio del Señor LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVIDES, por la privación ilegal de su libertad seguida de su retención y encarcelamiento arbitrario, trato crueles, inhumanos y degradantes, violación a las garantías judiciales y doble enjuiciamiento con base en los mismos hechos. El declarante fue condenado en el Perú por el delito de traición a la patria le imputaron públicamente cargos de terrorismo como miembro de sendero luminoso.

64.En la Contestación de la Demanda el ESTADO manifestó, con base en consideraciones de derecho interno Peruano (articulo 305 de la Constitución Política del Perú de 1979, articulo 205 de la Constitución Política del Perú de 1993 y articulo 39 de la ley No. 23.506 de Habeas Corpus y Amparo), que la Comisión debía haber rechazado in-limine y ab-initio la denuncia que formulo el peticionario y que, de la misma manera, la Corte tampoco debía haber admitido la demanda.

65.La CORTE considera que, con este alegato, el Perú pretende reabrir, en la etapa de fondo, algunos puntos ya resueltos en la sentencia sobre excepciones preliminares dictadas. Este tribunal desestima la pretensión del Estado por ser notoriamente improcedente al tratarse de materia ya decidida en la sentencia, la cual es definitiva e inapelable, de acuerdo con el articulo 67 de la convención.

107. La Comisión alego que en el presente caso, el Estado había violado el derecho y garantía del debido proceso contenido en el articulo 8. Párr.2. inc. F contemplados en la Convención Americana.

 126. La CORTE se remite a lo resuelto en esta misma sentencia (supra Párr. 115) a propósito de la violación de los artículos 8.1 y 8.2. f) de la Convención, en relación con el proceso penal militar contra LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVIDES.

127. Esta probado en la presente causa que en el desarrollo de las actuaciones realizadas por los jueces del fuero común se presentaron las siguientes actuaciones: a) se pusieron obstáculos a la comunicación libre y privada entre el señor Cantoral y su defensor; b) el abogado de la victima no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cruciales para los fines de la defensa, como la recepción de los testimonios de los miembros de la DINCOTE que participaron en la captura de Cantoral Benavides y en la elaboración del atestado incriminatorio; tampoco pudo conseguir que se celebrara confrontación pericial tendiente a esclarecer las divergencias que arrojaron los dos peritajes grafológicos practicados en el proceso; y c) los jueces encargados de llevar los procesos por terrorismo tenían la condición de funcionarios de identidad reservada, o " sin rostro" por lo que fue imposible para Cantoral Benavides y su abogado conocer si se configuraban en relación con ellos causales de reacusación y ejercer al respecto una adecuada defensa.

128. La CORTE concluye, de lo que antecede que el Estado violo, en perjuicio de LUIS ALBERTO CANTORAL BENAVIDES, el articulo 8. Párr. 2. inc. F.

*El ESTADO debe reparar los daños causados por las violaciones.

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